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Trazos sobre la Libertad Provisional con Fianza

La prisión provisional y la libertad provisional con fianza resultan muy atractivas desde el punto de vista de los medios de comunicación, puesto que ocupan gran parte de las editoriales, informativos y tertulias de debate político. Así, aquéllos desarrollan en la actualidad una meritoria y diaria labor de dar a conocer al gran público la presente y otras figuras jurídicas. No obstante, éstas no siempre son tratadas con el necesario rigor, sobre todo al abordar desde el punto de vista informativo los llamados “juicios mediáticos”, objeto de tan necesarios como dispares análisis periodísticos.

En el procedimiento penal, todo investigado puede verse obligado a prestar fianza para hacer frente a futuras responsabilidades civiles derivadas del delito una vez recaiga sentencia condenatoria; pero, iniciado el proceso, aquél también puede tener que prestar fianza para evitar el ingreso en prisión provisional. Tanto la decisión de ingreso en prisión, cuanto la petición de fianza y puesta en libertad manteniendo la imputación, deben entenderse como medidas cautelares, que pretenden garantizar la presencia de la persona en el proceso siempre que sea requerido, y, en la medida de lo posible, intentan reducir los medios para evadirse de la acción de la justicia.

Tratada básicamente en los artículos 505, 506 y 507 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del texto legal se deduce que en el momento del proceso en que el juez instructor imputa un delito a una persona, puede convocar a las acusaciones personadas para que soliciten la prisión provisional del investigado o su libertad provisional, con o sin fianza. Cuando a resultas de ello el juez instructor acuerde la libertad provisional con fianza, éste determinará el tipo y la cuantía de la fianza, basándose en:

– la naturaleza y circunstancias del delito (debe decretarse en delitos castigados con penas superiores);
– el estado social de la persona (recursos económicos, ingresos, patrimonio, situación laboral, familiar, etc.);
– los antecedentes delictivos del procesado;
– así como otras circunstancias que pudieran confluir en el investigado y que dieran a entender que puede escapar de la acción de la justicia.

De esta manera, la fijación de la fianza y su extensión viene revestida de una gran subjetividad del Juez Instructor, quien debe ponderar cuidadosamente todas estas circunstancias, pues nos hallamos todavía en un momento muy inicial del procedimiento, que debe desarrollarse aún en toda su extensión y con todas sus garantías. Esto es, dicho lisa y llanamente, todavía nadie ha sido condenado.

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